Frau Richter Alaya

Como la Monalisa, el rictus de su cara es un misterio indescifrable. Lo que hay tras la mujer que ha puesto en jaque al socialismo andaluz, incluidos Griñán y Chaves.
Para comenzar la jornada el pasado martes intentó tomar declaración a un jefe de servicio de la Consejería de Empleo de la Junta. Después, sin mediar palabra, Mercedes Alaya Rodríguez decidió promulgar el auto.  Son apenas 13 folios en los que por primera vez de forma expresa se encarrila el proceso de imputación de los ERE hacia los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía (Chaves y Griñán) y cinco de sus ex consejeros (Viera, Aguayo, Recio, Vallejo y Ávila).

Lo hizo como es habitual en ella, con absoluta normalidad y sin despeinarse. Impertérrita.

Cuatro de ellos están ya entre rejas; otros tienen las cuentas bancarias personales intervenidas, las casas embargadas y son objeto de descrédito general. Su proyección pública, cultivada durante años de ejercicio político y empresarial, se derrumbó el día exacto que esta mujer menuda, de 50 años, rubricó el folio ejecutivo.

Alaya es una mujer poderosa. Igual que Susana Díaz, que hace apenas una semana relevó a José Antonio Griñán al frente de la Junta. Pero la carrera profesional de ambas, vinculadas ahora por este escándalo de corrupción, no puede ser más dispar: Díaz ha llegado a la máxima magistratura política de Andalucía por herencia, gracias a que su antecesor decidió dejar el cargo a la carrera al verse cercado por la investigación que dirige Alaya, cuyo acceso a los juzgados se produjo un día de hace ahora 25 años por una vía completamente diferente: los méritos propios. La juez, cuya carrera como magistrada no es fruto de ningún favor político.
Sabe que mientras más datos íntimos se conozcan sobre su vida, más vulnerable es ante quienes procesa. El círculo de silencio a su alrededor se ha cerrado por completo: "No le gusta que los periodistas pregunten a sus compañeros de trabajo y a los abogados cómo es", explica uno  de los letrados que ha estado presente en varios de los interrogatorios, a veces hasta altas horas la madrugada, que se celebran en su juzgado.

¿Esconde algo tras esa mueca-gioconda que asoma en su rostro foto tras foto? Frente a la tesis del PSOE, que trata de desprestigiarla desde que comenzó la instrucción de los ERE, lo que Alaya dirige no es una causa general de índole política. La juez sevillana investiga hechos concretos, se basa en indicios y adopta resolucionesn en función de confesiones escritas y pruebas documentales. No deja nada al azar. La desconcertante envergadura de la causa no es fruto de una decisión suya, sino consecuencia del objeto investigado: la corrupción institucional en la Junta de Andalucía durante los últimos 10 años.

Después de más de 33 meses de instrucción, un sumario de miles de folios, cientos de imputados, demasiados acusados pendientes de declarar y un fraude que unos cifran en 136 y otros en 1.000 millones de euros (dependiendo de la fuente se exagera más o menos), su trabajo ha sacado a la luz los usos y costumbres vigentes entre la élite política y parte de la clase empresarial andaluza, ligadas en un maridaje de intereses cuyo objetivo ha sido desviar cantidades ingentes de dinero público a sus bolsillos. Una alianza transversal en la que igual participaban prestigiosos despachos de abogados, llenos de apellidos compuestos, que antiguos sindicalistas convertidos en comisionistas.

Parece lógico que la juez sea reservada. En una sociedad demasiado acostumbrada a moverse gracias a las relaciones personales, donde los negocios se cierran entre clanes familiares y el sentido de la moral es algo difuso, la rígida forma de ser de la juez desentona, lo cual no quiere decir que no sea justamente la procedente.  Alaya cree firmemente en la justicia en un entorno social escéptico ante los jueces y habituado a las componendas.

Ella es todo lo contrario: sólo cree en el trabajo. Igual que los calvinistas. Cinco días antes de poner en la diana procesal a Chaves y a Griñán había fijado una fianza de cuatro millones de euros para la dueña de una empresa de aceitunas de Dos Hermanas que cobró irregularmente de un ERE hecho en su empresa, que además continuaba dirigiendo gracias a sus contactos políticos y sindicales.

Un ejemplo: en una de las dos piezas procesales del caso Mercasevilla tomó declaración a los hermanos de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez (PP), que se encuentran imputados en esta causa. Mientras fuentes del PP explicaban que se trataba de una comparecencia de trámite, la juez amplió la acusación inicial contra ellos.  Le resulta indiferente si los acusados que pasan por su juzgado son de un signo ideológico u otro. Ella persigue presuntos delincuentes, no políticos.

Los socialistas han recibido su resolución como si fuera la declaración de un golpe de Estado. No parece ser el caso. Los tiempos procesales no siempre casan con los políticos y, siendo llamativa la coincidencia con la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta, al cabo esto resulta absolutamente irrelevante para el fondo del asunto, que consiste en saber si la resolución judicial contra la cúspide del PSOE andaluz tiene suficiente sustento jurídico.   Consciente de su extraordinaria repercusión, y de la posibilidad de que los afectados puedan plantear una recusación motivada, Alaya ha preparado de forma meticulosa los cimientos jurídicos del auto.

En Andalucía, tener este carácter casi nórdico se considera algo peligroso: alguien que no distingue entre los clanes políticos usuales ni responde fielmente a la pauta social mayoritaria puede ser insobornable, imprevisible e incontrolable. Independiente, en realidad.

C. Marmol

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