Gentío está harto

María Luisa Cava de Llano, Defensora del pueblo : "A quien ha demostrado no saber gestionar el dinero público se le ha de inhabilitar. El pueblo está harto"

Cuenta la leyenda que el dueño primitivo del edificio donde se celebra la entrevista (el Palacio de Bermejillo, sede del Defensor del Pueblo, paseo de Eduardo Dato, 31, Madrid) se jugó esta joya arquitectónica en una partida de cartas en los años 30. Y la perdió.

Esta semana, "la bella" Soraya ha anunciado que se reformará el Código Penal para tipificar como delito el despilfarro del dinero público, de modo que en los casos más graves incluso se pueda pedir cárcel para los políticos que malgastan los fondos de los contribuyentes.

Lo que el lector quizá no sepa es que fue Luisa Cava de Llano, la Defensora del Pueblo, la primera autoridad que alzó la voz contra los políticos manirrotos. La reforma del Código Penal que ahora se emprende la solicitó ella, en nombre del pueblo, en septiembre.

Ahora es entrevistada por un periodista.

-PREGUNTA. ¿Satisfecha?

-RESPUESTA. Pues sí, creo que se ha logrado el objetivo que se perseguía. Yo lo que pretendía era concienciar a los políticos, que muchas veces están ocupados con otras cosas y no oyen el clamor de la calle. Quería ponerles de manifiesto que la gente está cansada, que la gente está harta, que a la gente no se le puede pedir que se apriete el cinturón y por otra parte ver despilfarros, ver gastos suntuarios, ver que peligra el estado de las cosas más necesarias que hay, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, porque hay quien se dedica a gastar lo que no es suyo alegremente. Lo comenté en el Congreso para que todos oyeran la voz del pueblo.

-P. ¿Y qué dice el pueblo?

-R. La gente consideraba que el ordenamiento jurídico vigente no es apropiado para perseguir estas conductas. Y bajo mi punto de vista no está bien regulado en el Código Penal. Si se cogen los artículos 490 y siguientes, los que hablan de la malversación de caudales públicos, dicen: "La autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro...", etcétera, etc. etc. Y ahí nos encontramos con el primer problema y es que, en muchas ocasiones, lo que el político, la autoridad o el funcionario persiguen no es un ánimo de lucro sino otras cosas, que pueden ser ventajas de tipo personal o ganar unas elecciones. Eso no está contemplado. Otra de las cosas que me animó es que si uno coge los delitos societarios (artículos 290 y siguientes del Código Penal) sí que se castiga, cuando se trata de dinero privado, a los administradores desleales que gastan más de lo que pueden gastar, que se aprovechan de las mayorías en las juntas de accionistas para hacer lo que consideran oportuno...

-P. Hay ejemplos en la historia de control a los políticos...

-R. Lo que estoy yo haciendo es pedir que sobreviva una institución tan antigua que viene de la época de la Nueva España, de los virreinatos. Me refiero a los años entre 1500 y 1800 en los que había una institución jurídica que se llamaba el juicio de residencia. Ese juicio de residencia suponía que cuando un político finalizaba su mandato un juez instructor examinaba cuál había sido su trayectoria. Si le hacía falta asesorarse por testigos, por documentos, por lo que hiciera falta, lo hacía. Si el resultado de esa investigación era que el político había obrado de forma correcta podía optar a otro cargo público, pero si había obrado de forma incorrecta se le castigaba con una multa y se le inhabilitaba para ejercer cargo público.

Ahora, ¿qué está ocurriendo? El mayor castigo es que se pierden las elecciones. Cuando los políticos hacen las cosas de modo que no agrada al ciudadano pierden en las urnas, pero se quedan en otros cargos en la oposición. No hay ningún tipo de responsabilidad, ni administrativa ni penal, y eso es lo que quise remediar porque el pueblo no está conforme.

-P. ¿Propone un juicio al final de la gestión de cada político?

-R. Pues quizás esto sea exagerado, pero realmente el político que ha gestionado mal... La dificultad ahora es qué significa gestionar mal, qué significa despilfarro. Habrá que hilar fino, lógicamente. Sólo para las infracciones más graves tendrá que haber una sanción de tipo penal. Puede haber sanciones de tipo administrativo, que no descarto.

A la persona que ha demostrado que no sabe gestionar el dinero de todos se le ha de inhabilitar para que no lo siga haciendo. Que gestione sus intereses particulares, pero no los intereses de un pueblo que está cansado de que se le suban los impuestos, que está cansado de aguantar una carga fiscal muy fuerte, de no poder pagar sus créditos porque se ha quedado sin trabajo...

-P. ¿Cómo valora la sentencia de Camps, envuelta en polémica?

-R. El Defensor del Pueblo no puede valorar sentencias. Lo único que puede hacer es acatarlas, por respeto a la independencia del poder judicial. Personalmente podré pensar lo que crea oportuno pero como cargo institucional hay unas reglas que respetar.

-P. Usted ha estado en el otro lado mucho tiempo, ha sido política...

-R. Yo he sido política, sí. Antes ser político era un honor, ahora está muy cuestionado.

-P. ¿Cómo se fraguó la iniciativa para castigar el despilfarro? ¿Hubo una masiva petición ciudadana?

-R. El Defensor del Pueblo es una atalaya desde la que se ve perfectamente el conjunto de la sociedad. La gente se dirige a nosotros unas veces para presentar quejas y otras sólo para que escuchemos sus lamentos, sus penas... Recibimos muchas quejas de gente que no puede pagar sus créditos hipotecarios, que los desahucian de sus viviendas, y que quedan excluidos en el momento en que dejan de pagar. Primero se produce una exclusión financiera porque entran en los registros de morosos y quedan vetados para obtener cualquier tipo de dinero. Y eso les lleva a la exclusión social.

Y mientras, ¿qué hacemos? AVES que no tienen viajeros, aeropuertos que no tienen aviones... Es todo demencial.

-P. Ha pedido también ayudas para los afectados por la crisis, incluso la dación en pago...

-R. He presentado un trabajo monográfico sobre la crisis económica y las deudas hipotecarias. Pedimos que igual que ha habido ayudas extraordinarias para la banca también habría que pensar en ayudas extraordinarias para los afectados por la crisis económica que se ven abocados a la exclusión, no sólo financiera sino también social.

-P. Y ha dado algún tirón de orejas al Banco de España...

-R. Puse de manifiesto muchas veces el desamparo de los consumidores y la protección a los bancos.

-P. Volviendo al despilfarro, ¿han cuantificado de algún modo el alcance del fenómeno?

-R. No, pero creo que está en la mente de todos. Son los gastos suntuarios, los gastos por encima de lo que tienes. ¿Y qué haces con esas facturas si no las puedes pagar? ¿Las metes en un cajón? ¿Para qué? ¿Para que el próximo que venga las pague? ¿Qué haces? ¿Falseas la realidad presupuestaria enviando la deuda a una sociedad pantalla, a una empresa pública para que no se vea? Esas son las conductas que hay que tipificar como delitos. Esas y otras muchas.

-P. El asunto ha llegado hasta el New York Times, que se hacía eco del caso de la cárcel de Figueras: ha costado 110 millones de euros pero no se inaugura porque la Generalitat no puede mantenerla.

-R. Pues no sé que querrán hacer con ella ahora. Deplorable.

-P. Si la reforma penal se aplicara con carácter retroactivo, ¿cuántos políticos irían a la cárcel?

-R. Soy jurista de profesión y tengo muy claro que las leyes penales no tienen carácter retroactivo.

-P. ¿Ve posible en España lo sucedido en Islandia, donde han sentado al presidente en el banquillo por mala gestión?

-R. Si esa gestión económica es dolosa, si se ha hecho a sabiendas de que se está haciendo mal para obtener un lucro personal, no te digo ya un lucro económico, pues me parece muy bien.

-P. Hablaba antes del clamor contra el despilfarro. ¿Y la corrupción? ¿No habría que articular también medidas especiales contra la corrupción?

-R. Sí, pero viene todo ligado, es muy difícil deslindar las dos conductas, creo es muy fácil encontrar la una en la otra y la otra en la una.

-P. ¿Qué opina de la supervivencia de organismos e instituciones como el Senado o las diputaciones provinciales? ¿Hay que eliminarlos?

-R. Es una decisión de tipo político en la que yo no intervengo. Lo que sí puedo decir es que un gasto superfluo son los pinganillos. ¡Por el amor de dios, es que hay cosas que claman al cielo! La gente de la calle está con los ojos así, no entiende nada. ¿Qué quiere decir un señor de Andalucía con un pinganillo y otro también de Andalucía con otro pinganillo? (se refiere a la famosa foto de Montilla hablando en catalán y Manuel Chaves escuchando la traducción), ¿pero oigan, esto qué es?, ¿os creéis que este pueblo es de idiotas o qué? Esas cosas, encienden. La opinión pública no lo entiende, pero como no es políticamente correcto todo el mundo se calla. Que se callen todos pero el Defensor del Pueblo ha de decir que esto el pueblo no lo quiere, que el pueblo no puede estar haciendo colas en los comedores sociales porque no tiene para dar de comer a sus hijos mientras estos señores se dedican a jugar a los pinganillos.

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