La democracia no es una tómbola de regalos

El concepto de democracia, para comenzar, se usa en la actualidad de un modo realmente impreciso. Por democracia se entiende ahora en España, simplemente una forma de gobierno donde la soberanía reside, teoricamente, en el pueblo y las decisiones fundamentales se toman mediante sucesivas elecciones. Nada más.

Otros países, sin embargo, añaden a estas ideas básicas algunos requisitos importantes, que provienen del antiguo ideal republicano de la Ilustración: que las elecciones sean realmente libres, que el gobierno se ejerza por medio de representantes, que se respete a las minorías y que haya un Estado de Derecho, donde las personas que ejercen los cargos públicos tengan que someterse a la ley igual que todos los demás ciudadanos.

Desde Aristóteles se concebía la democracia como una forma degradada de gobierno en que las asambleas, dominadas por los demagogos, resultaban fácilmente manipulables y producían un sistema inestable, propicio a los cambios bruscos y al dominio de una sola persona.
Aunque las democracias ya no se manejen a través de tumultuosas asambleas, el parecido existe, pues la emergencia de los populismos y los fascismos muestra con claridad hasta qué punto lo que algunos llaman democracia es una fachada sin el fondo.

Denominamos democracia liberal al sistema en el que se celebran actos electorales, se mantiene una adecuada división de poderes, se respetan los derechos individuales y se establecen claras limitaciones a la esfera de la acción estatal, al ámbito en que una mayoría circunstancial puede actuar y decidir.

El hecho de que en Irán o en Venezuela se realicen elecciones periódicas permitirá a algunos llamar democracias a los sistemas políticos que imperan en esos países, pero en todo caso es obvio que dichas democracias nada tienen ni de democracias no de liberales, puesto que en Irán lo que verdaderamente rige es una teocracia y lo de Venezuela puede considerarse una autocracia o un régimen caudillista.

Cuando esto sucede, resulta entonces fácil, desde el poder, conculcar las libertades ciudadanas y avanzar hacia la dictadura: esto podrá lograrse casi sin violencia, pues existirá una amplia minoría capaz de apoyar al gobernante en su plan de crear nuevas leyes que destruyan las instituciones existentes y proyecten una imagen de legalidad para su actuación.

Se cambiarán las normas, se pondrán funcionarios dóciles al frente de las nuevas instituciones y se podrá reprimir a la oposición en el marco de la ley que el gobernante cree para afirmar y consolidar su poder absoluto.

Los programas asistencialistas se basan en transferencias directas de dinero o de bienes a los más necesitados, con el objetivo manifiesto de reducir la pobreza. Pero su implantación produce consecuencias realmente negativas, tanto en la economía de las naciones como en el sistema político en general.

En primer lugar, y ante todo, porque no sirven realmente para eliminar la pobreza: las modestas sumas de dinero que se entregan resultan un alivio para quienes están en situación de necesidad, sin duda, pero obviamente resultan por completo insuficientes para modificar una situación de pobreza que deviene de la falta de ingresos propios, constantes, de quien la padece. Tales ayudas podrán resultar útiles, quizás, en circunstancias especiales (como, por ejemplo, en el caso de ciertas catástrofes), pero no tiene sentido concebirlas como un modo de erradicar un problema que se nutre de la escasa capacidad de generar riqueza que posee nuestra sociedad.

Lo que se necesitaría es un regreso a los valores republicanos franceses y a la visión de una democracia liberal en la que los gobiernos dejen de presentarse como benefactores sociales y, en cambio, asuman las funciones que hoy no cumplen y que toda sociedad necesita para prosperar: garantizar la paz y el orden, dar seguridad jurídica a todos y hacer respetar la ley, todo ello en el marco de un auténtico Estado de Derecho.

Esta transformación requiere, ante todo, de un cambio de opinión, de una manera diferente de ver las cosas, y compete especialmente a los líderes y a los partidos políticos, a los académicos y a los periodistas, a todos aquellos que tienen un papel destacado en la formación de la opinión pública.

Tellagorri

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