VILLEGAS, juez que habla claro

Al magistrado instructor de Guadalajara, Jesús Villegas (Madrid, 1969), no le tiembla el pulso al afirmar que en España la democracia corre peligro. Los partidos políticos, que “a menudo han degenerado para convertirse en estructuras parásitas más atentas a su propia supervivencia que al bien común”, quieren controlar el único obstáculo que les separa del poder total: el sistema judicial.
Y van a lograrlo si la ciudadanía no hace nada para evitarlo.


Desde que en 1985 la clase política se hizo con el control del órgano de gobierno de los jueces, el miedo es el verdadero combustible de la maquinaria judicial. El miedo que todos tendríamos a enfrentarnos a nuestro jefe. El miedo que Villegas reconoce padecer tras publicar 'El poder amordazado' (Península), el libro en el que denuncia la intromisión del poder político en la justicia española

PREGUNTA. En su libro afirma que la justicia española “es un gigantesco ser deforme, un diabólico endriago movido por el temor”. Que un juez diga esto no ofrece mucha confianza…

RESPUESTA. El libro es una llamada de auxilio. Lo que yo quiero es concienciar a los ciudadanos de que la situación actual no es correcta y tenemos que hacer un esfuerzo para mejorarla. Dicho esto tampoco quiero caer en el catastrofismo. Seamos optimistas. Nuestros jueces ahora mismo resuelven con justicia, el problema es que la arquitectura institucional donde se encuentran insertos los jueces es una jaula, no está bien montada, y existe el riesgo de que se politice la justicia, de que no podamos decidir con arreglo a la ley sino conforme a presiones políticas. ¿Por qué digo esto? Es muy sencillo de exponer. Yo soy juez. ¿Quién decide sobre mis permisos o una eventual suspensión de empleo y sueldo? Pues el órgano de gobierno de los jueces que es el Consejo General del Poder Judicial ¿y quién elige ese consejo? Las cámaras parlamentarias y, en última instancia, los partidos políticos.

P. Según usted el problema no es que los políticos, los jueces o los abogados no sean honrados. El problema es que el sistema judicial está mal diseñado pero, si tiramos de hemeroteca, la manipulación del poder ejecutivo sobre el judicial es en ocasiones escandalosa, y es consecuencia de actitudes claramente deshonrosas.

R. Lo grave es que existan instrumentos para que eso se pueda hacer. Yo no denuncio tanto situaciones concretas de manipulación como el hecho de que el poder político tiene las herramientas y el instrumental para hacerlo si quiere. Podemos hacernos otra pregunta ¿lo hacen en la práctica o no lo hacen? Esa es una pregunta muy difícil de responder, pero cuando tenemos investigaciones criminales en asuntos famosos que tocan a los políticos entre la ciudadanía existe la sospecha de que hay presiones.

P. No es solo una sospecha. Hay numerosos jueces que han sido condenados. La prevaricación es un delito muy grave, pero cuya articulación es confusa. ¿Son comparables, por ejemplo, los casos de Baltasar Garzón, Gómez de Liaño, Elpidio Silva, Pascual Estevill o Coro Cillán?

R. Si yo mañana mato a alguien eso se puede determinar muy fácilmente, si yo mañana dicto una resolución injusta a sabiendas, que eso es la prevaricación ¿cómo se puede saber si lo he hecho aposta o no? Cuando nos encontramos ante estas situaciones se trata de problemas muy difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar llegar a la verdad con la mente limpia y sin prejuicios. Se nos tiene que enseñar a los jueces que nuestra labor es la aplicación de la ley y la ideología hay que dejarla a parte. Cuando se quiere politizar el acto sagrado de la justicia estamos poniendo en peligro los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos en definitiva.

P. En su libro explica que son los jueces afiliados a las dos grandes asociaciones, aquellos con una ideología más definida, los que más papeletas tienen de acceder a los puestos cumbre del poder judicial. ¿Existe una suerte de bipartidismo en nuestro sistema judicial?

R. Varias precisiones. Yo no ataco a las asociaciones, de hecho las defiendo y las alabo. Las asociaciones han sido muy valientes y han luchado por nuestros intereses profesionales. Ahora bien, si concebimos las asociaciones como una a la derecha y otra a la izquierda, una el apéndice del PP y otra el del PSOE, eso es indigno. ¿Por qué hay tantísimos jueces en la carrera que no están asociados? Porque no quieren que se les ponga ese etiquetaje político. Yo quiero creer que este etiquetaje es externo, que las asociaciones son ajenas a ese juego, pero al juez de a pie, el que no espera ningún cargo, el meterse en una asociación para que lo etiqueten como juez del PP o juez del PSOE le produce repugnancia.

P. Pero al final muchos jueces entran a este juego. ¿Es ansia de poder?

R. El sistema funcionaría bien si algunos jueces no se prestasen, no colaboraran. El sistema funciona mal porque alguno de ellos hacen el juego a la política. Lo digo en el libro y lo repito.

P. ¿Cuál cree que es el caso más grave de intromisión política en la función judicial de la historia reciente de España?

R. El caso Faisán. Si se resolvió sólo mediante criterios jurídicos a mi me parece muy bien, pero si en el caso Faisán se condicionaron los ritmos y los tiempos de la investigación criminal a las necesidades de la política, son los derechos humanos de los ciudadanos españoles los que están en juego. Es su libertad, su vida. Si un caso tan grave como ese se decidió conforme a criterios políticos se lo digo muy claro, nadie está seguro.

P. ¿Qué mecanismos se pueden articular para que esto no ocurra?

R. Soluciones mágicas no hay ninguna, pero podemos intentar mejorar nuestro sistema, hacer ajustes allí donde lo necesite. En primer lugar el gobierno del poder judicial no puede estar enteramente en manos de los políticos. Antes había un sistema mixto, parte lo elegían los jueces, parte lo elegían el parlamento. No era perfecto, pero al menos había un cierto equilibrio. Desde el momento que la política se lo traga todo, estamos desequilibrados. En la investigación criminal necesitamos jueces con medios materiales y que actúen independientemente. Si el día de mañana le dan la investigación criminal a una fiscalía que directa o indirectamente dependa del poder judicial se acabó. El objetivo ya no será la búsqueda de la verdad, sino el cumplimiento de la política criminal del Gobierno.

P. Y, dentro de la judicatura, ¿existe una verdadera oposición hacia esta tendencia?

R. El problema es que los jueces estamos amordazados. Nadie sabe lo que piensan los jueces españoles. Somos 5.000. Usted habla conmigo y sabe lo que pienso yo, pero ¿sabe cuál es la opinión mayoritaria de la judicatura española en este punto o cualquier otro? No ¿Por qué? Porque no tenemos una voz única. Cuando habla el CGPJ algunos periodistas piensan que están hablando los jueces. No, están hablando unos señores que han colocado ahí los políticos. Cuando habla el representante de tal o cual asociación judicial habla en nombre de sus afiliados, pero no en nombre de toda la carrera. Dentro de un movimiento judicial independiente, en el que me incluyo, venimos luchando por que se consagre el principio un juez un voto.
Que haya un espacio donde todos los jueces mediante el sistema sencillo de la democracia podamos decir lo que pensamos sobre una determinada materia y que no salgan diciendo que los jueces estamos a favor de que investiguen los fiscales porque eso no lo saben. Nuestra voz la han secuestrado.

Por Ayuso