La zozobra del paro apenas inquietó a Roberto Sanz Pinacho durante tres semanas. A las 9:00 de la mañana del 9 de mayo, había presentado su dimisión como director general de Deportes al alcalde de Madrid. Tres días antes le habían cazado conduciendo borracho. Así que, en cuanto su caso saltó a los titulares de prensa, no lo dudó: le tocaba renunciar. Pero su ostracismo político expiró a los 21 días. El 1 de junio, estampaba su abigarrada firma en un contrato de dos folios con el Club de Campo: una empresa dependiente de su anterior patrono, el Ayuntamiento de la capital. Y las condiciones del acuerdo, lejos de infligirle un castigo por su temeridad al volante, eran un prodigio de generosidad:
"La empresa mixta Club de Campo de Madrid S.A. abonará a Don Roberto Sanz Pinacho la cantidad de cincuenta y cinco mil euros + IVA...", "El señor Roberto Sanz Pinacho no estará sujeto a horario, realizando su trabajo en el tiempo y forma en que estime conveniente..." rezaba el contrato.
Es el sueño de cualquier currito: una jugosa remuneración con absoluta libertad horaria. Pero, en la España de los 6.202.700 parados, estas bicocas no están al alcance de todos. Antes hay que superar un riguroso examen digital: ser el beneficiario del dedazo de un político. El mismo que mantuvo a Sanz Pinacho en su cargo de asesor urbanístico hasta esta misma semana.
La opinión pública, desde luego, lo tiene claro. Cada día aumenta la perplejidad ante el escándalo que no cesa: la proliferación de asesores en todas las capas de la administración. España es una dedocracia en la que miles de burócratas son ungidos sin más criterio que la confianza de sus jefes. Ellos nunca sufren recortes. Son los intocables.
En 2012, acumulamos un 10,64% de déficit: gastamos 111.641 millones más de lo que ingresamos, incluido el rescate bancario. De poco sirvieron las subidas de impuestos, los recortes sociales o la congelación de las pensiones... Los extenuantes esfuerzos de la ciudadanía se disuelven ante la reticencia de la casta política a ponerse a dieta. Los intocables despliegan una prodigiosa habilidad para reubicarse en un país con el 27,16% de paro.
Es también el caso de José Cudeiro, ex gerente de la ruinosa empresa pública Urbaourense. En 2008, el caciquil presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, le colocó en el cargo con un sueldo de 75.000 euros. El problema surgió cuando su hijo, Manuel Baltar, quien le sucedió en la presidencia, trató de disolver Urbaourense por su "quiebra contable". Al analizar las cuentas, se topó con que Cudeiro gozaba de un blindaje de 200.000 euros.
¿Cómo ahorrarse tan escandalosa indemnización? A dedazo limpio: hace semanas, le nombró asesor técnico de la presidencia, con un coste para los orensanos de 80.000 euros anuales, seguridad social incluida.
—Señor Cudeiro, Baltar hijo ha dicho que su salario en Urbaourense, superior al de Rajoy, era "absolutamente descabellado"...
—Mi sueldo estaba pactado. Es lo que cobran muchos gerentes de empresas públicas. Además, yo no le pregunto a usted lo que gana...
—Yo trabajo para una empresa privada, pero usted es empleado de una institución pública...
—Yo ni pedí ese dinero ni dejé de pedirlo. Y venía de una empresa en la que ganaba más...
—Ya, pero en un país con tantísimo paro, llama la atención su habilidad para recolocarse en cuestión de semanas...
—No soy ningún privilegiado. Lamento que haya seis millones de parados, pero la Diputación tenía unas necesidades técnicas y yo era la persona más adecuada para cubrirlas.
Nadie sabe con certeza hasta donde se extiende esta plaga de intocables. Cada institución contrata "personal eventual" (el eufemismo que se emplea para los cargos de confianza) sin rendir cuentas a nadie. De ahí que no exista un registro unificado de los asesores que trabajan para el gobierno central, las 17 autonomías, las 38 diputaciones o los 8.116 ayuntamientos, además de los consells, los cabildos, las mancomunidades...
Y eso sin contar la maraña de empresas, fundaciones y entes públicos que brotaron al calor del ladrillazo: más de 4.000 en las diversas capas del Estado. El resultado del análisis cuadraba con los cálculos del sindicato de funcionarios CSI-F, que denunciaba que entre 15.000 y 17.000 asesores pueblan los despachos de las distintas capas de la administración.
—Desde aquel informe, ¿qué ha pasado con los asesores en España?
—Ni se ha reducido su número ni han bajado sus salarios—, denuncia Miguel Borra, presidente de CSI-F. —Entonces, ¿sigue habiendo 17.000 asesores en España?
—O más. Desde entonces, hemos recibido información más detallada de los asesores de otras instituciones. Ahora, colocaríamos la horquilla entre los 18.000 y los 20.000.
—Muchos políticos se comprometieron a recortar esta partida. ¿No lo han hecho?
—En algunas instituciones han quitado tres o cuatro asesores, pero de forma casi testimonial. Sigue habiendo demasiados. Y todavía no sabemos quiénes son, cuánto cobran, qué función cumplen... La opacidad sigue siendo absoluta. Lo único claro es que se les elige a dedo.
A 50.000 euros de media por cabeza, este pelotón de intocables nos costaría unos 1.000 millones al año. Con estos fondos, podríamos pagar la ayuda de los 420 euros a 396.825 parados durante un semestre. También evitaríamos el despido de 25.000 profesores durante un curso. O, ya puestos, reduciríamos el déficit público en una de esas décimas que mendigamos por los pasillos de Bruselas a cambio de más ajustes.
Los despachos enmoquetados son un terreno propicio para que broten los asesores. Así, una institución de limitada influencia como el Defensor del Pueblo del País Vasco cuenta con más cargos a dedo que la mayoría de ministerios. El llamado ararteko, Íñigo Lamarca, trabaja rodeado de 32 cargos de confianza (chófer incluido), dos más que el ministerio de Economía.
_"Contar con tanto persona eventual es un procedimiento habitual en todas las defensorías del pueblo, incluida la española", se justifica Lamarca.
—El año pasado, usted cobró 80.730 euros, más que Mariano Rajoy (72.600,36). ¿Es razonable?
—A mí el sueldo me lo ha puesto el Parlamento Vasco. No sé si es mucho ni poco... Pero cuando Rajoy era jefe de la oposición, cobraba tres veces más que yo...
—¿Y cómo explica que la mitad de sus asesores cobren más que los ministros (64.053,79 euros)? —__Tampoco voy a valorarlo. Su sueldo lo marca el Parlamento. Todos cumplen los criterios de mérito y capacidad. No son asesores políticos, sino juristas de prestigio.
"En España, los asesores parecen intocables", denuncia Víctor Lapuente, profesor del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). "El partido que controla un gobierno puede contratar infinidad de asesores con plena discreción. No hay incentivos para emprender una verdadera reforma de la administración. A los partidos les resulta más rentable electoralmente dar trabajo a personas fieles al aparato. Me parece sangrante en tiempos de crisis".
Así lo prueba el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con 213 cargos de confianza, el séxtuple que París. Un amplio porcentaje son familiares de cargos del PP o jóvenes militantes como Ángel Carromero (condenado en Cuba por el accidente en el que murió Oswaldo Payá) que cobra 50.474 euros pese a que no ha acabado la carrera.
Sólo el gobierno de La Rioja, con 321.489 habitantes, cuenta con 46 asesores. Si fuera un ayuntamiento, tendría que despedir a 17, pero su estatuto autonómico le blinda de los recortes. En las cuentas de 2013, el apartado de cargos de confianza sólo ha caído un escuálido 1,2%: de 853 a 842. De ellos, un tercio le corresponden a Rajoy, que mantiene los mismos cargos de confianza que el año pasado: 245, de los que 68 ni siquiera tienen el graduado escolar.
En Hacienda y Administraciones Públicas tienen 163 cargos eventuales, dos más que en 2012...
Por G. Suarez
intocables del