La imposición lingüística del idioma de la región –o de una comunidad autónoma vecina– no se ha empleado tanto para preservar unas lenguas en vías de extinción como para crear barreras artificiales entre españoles.
Dado que ni la historia ni la raza ni ninguna de las habituales razones que se suelen aportar para justificar la secesión pueden aplicarse a ninguna región española, los nacionalistas se han aplicado con mimo en el uso del idioma no como herramienta de comunicación sino como "hecho diferencial", que sirva para separar y no para unir.
El proyecto de los nacionalistas requiere de la marginación del idioma común en sus respectivos feudos, de ahí que se apliquen con denuedo en erradicarla de todos los ámbitos a los que llega su poder, que en un país como el nuestro en que no se garantizan los derechos individuales son muchos.
Así, por poner ejemplos recientes, el Gobierno balear abandonará el bilingüismo en la administración para sustituirlo por el uso exclusivo del catalán, mientras la Generalidad catalana desobedece no sólo las leyes del Congreso de los Diputados, que obligan a una mísera tercera hora de castellano a la semana en unos colegios en que sólo se enseña ya en catalán, sino también las sentencias de la Justicia catalana, que por tercera vez ha recordado a la administración que tiene la obligación de incluir una casilla en la hoja de preinscripción en la que los padres puedan elegir el idioma en el que quieren que sean enseñado sus hijos.
Durante un tiempo, los nacionalistas nos engañaron con el señuelo del bilingüismo.
Nos aseguraban que hacían lo que hacían para garantizar los derechos de los ciudadanos, se expresaran en la lengua que se expresaran. Pero era una excusa, una manera de comenzar el camino que les llevara al más absoluto monolingüismo en cualquier lengua que no fuera la común a todos los españoles. Una vía que también han recorrido gustosos socialistas y populares en regiones en que han gobernado, como Galicia o Cataluña.
Se debe denunciar este proyecto de ingeniería social con la claridad con lo que lo hace Rosa Díez. Antaño contábamos con que la dirección nacional de otros Partidos, por más que algunos líderes regionales hicieran caso omiso de su discurso, se sumarían a la lucha contra ese empeño totalitario de segregar varias regiones del tronco común por la vía del idioma.
Ahora, en cambio, se unen al abucheo general del hemiciclo cuando la valerosa parlamentaria vasca denuncia los atropellos a los derechos individuales que suponen estas políticas. Será que este es ese PP que dice su aún presidente que no ha cambiado.
España se dirige lentamente a una nueva era medieval, con las elites políticas regionales como nuevos señores feudales. Con ella se van por el desagüe nuestras libertades individuales. Alguno quizá las eche de menos cuando ya sea demasiado tarde.
Por L.D.
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