Bici oficial ya

Cae la tarde en Boadilla del Monte (Madrid). El alcalde, Antonio González Terol, da por terminada su jornada de trabajo. A las puertas del consistorio le aguarda su vehículo oficial. No es el flamante Audi A6 de su antecesor en el cargo. Ni siquiera un híbrido como los que lucen los políticos más molones. No, el joven regidor, de 35 años, ha ido más allá. Desde la vuelta de las vacaciones, se mueve sobre dos ruedas. En su bicicleta oficial.

Nada más llegar al poder, el popular González Terol renunció a sus dos coches municipales. Uno, el ostentoso Audi A6, lo devolvió al concesionario. El otro, un A4, lo recicló como coche de policía. Y él se contentó con una modesta bici eléctrica, para alivio del bolsillo de los 47.037 vecinos de Boadilla, uno de los municipios más adinerados de la Comunidad de Madrid.

Por desgracia, el ejemplo de Boadilla no ha cundido en la España del asesor, la visa platino y el chófer en la puerta. Miles de cargos políticos se siguen aferrando al coche oficial.  ¿Hasta dónde llega este dispendio? Nadie lo sabe.

El recuento más completo hasta la fecha lo publicó El Mundo en junio de 2011. Aquel informe desvelaba que unos 5.000 coches oficiales circulaban por nuestras carreteras. Desde entonces, poco ha cambiado. O nada.
La Diputación de Barcelona ha pasado de 22 coches a 18. La de Valencia, de 25 a 20. La de Salamanca, de nueve a ocho... Los recortes, cuando los hay, rara vez alcanzan el 20%.  En el mejor de los casos, unos 4.000 coches seguirían rondando por las vías españolas. A un coste estimado de 50.000 euros por vehículo (chófer incluido) esta partida nos costaría unos 200 millones de euros anuales. Es decir, el equivalente al presupuesto de cuatro meses del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), amenazado con la desaparición por los recortes.

Un sueco ni  se plantearía que haya coches oficiales en un lugar con un 25% de paro. No están justificados salvo cuatro casos contados, por temas de seguridad. Sin embargo, los políticos españoles siguen considerándolos un ingrediente más de su cargo.  Por eso se han convertido en el símbolo por antonomasia del distanciamiento entre los políticos y la ciudadanía.


Algunos ministerios, como el de Exteriores y Cooperación, incluso han aumentado su flota en estos dos años: de 26 coches han pasado a 32. En otros, los recortes de vehículos son ínfimos: Moncloa sólo ha bajado de 65 a 50; Defensa, de 15 a 13... Y ni siquiera la vicepresidenta, encargada del recortazo de coches, se aplica el cuento a su departamento: en abril de este año disponía de 42 vehículos, sólo uno menos que cuando Zapatero dejó el Gobierno.

La situación se repite en numerosos organismos del Estado. En el Congreso siguen teniendo 17 coches a disposición de los diputados. En el Consejo General del Poder Judicial mantienen 23 automóviles, de los que gozan todos los vocales. Y en el Tribunal de Cuentas han recortado uno de sus 12 coches, pero sólo por una iniciativa personal: la consejera María Antonia Lozano renunció a su Alfa Romeo 159 porque no lo consideraba necesario para su labor. Esta adicción al chófer va más allá de la comodidad.

Insiste Antonio González Terol. "Moverme en bicicleta oficial me ha acercado mucho a los vecinos del municipio. Y, además, ya no tengo que ir al gimnasio... ¡Son todo ventajas!".


G. Suarez