Narcos y Ropones

El sicario jefe de Escobar revela que en 1984 dieron 30 millones de dólares a jueces de la Audiencia Nacional y miembros del Gobierno español para frenar dos extradiciones

Asesinaron y descuartizaron al etarra que les enseñó a explotar coches-bomba a control remoto. Después, recuerda John Jairo Velásquez, alias Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar y un activo ventilador de los secretos del desaparecido cartel de Medellín, arrojaron sus restos al caudaloso río Magdalena. Al instructor le llamaban Miguelito, "un hombre bien presentado, no usaba desodorante, que para nosotros es muy llamativo, blanco, de 1,72 de estatura, 42 años, gordito, inteligente, muy bien hablado, jovial".
Nunca conoció su verdadero nombre.

El terrorista llegó a Colombia en 1986, cuando ya había estallado la guerra de Escobar contra el cartel de Cali y comenzaba el narcoterrorismo, una de las etapas más sanguinarias de la nación sudamericana. Miguelito ayudó a recrudecerla.

Popeye habla en un pequeño pabellón de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, a 130 kilómetros de Bogotá, que comparte con otros dos peligrosos reclusos. Lleva 20 años preso y aún le faltan otros 18 meses para recobrar la libertad. Pero, antes de salir, pretende rescatar de su memoria todo lo que vivió en los años en que la mafia colombiana era capaz de arrodillar al Estado.

Al etarra le contrataron por medio millón de dólares, siempre según la versión de Popeye, porque hizo amistad con uno de los principales jefes del cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa, cuando éste estuvo recluido en España.

Corría el año 1984 y tanto Ochoa como Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali y aún aliados, habían viajado a nuestro país para ampliar el mercado de la coca y blanquear parte de su inmensa fortuna. Adquirieron pisos, chalés, coches lujosos y otras propiedades, hasta que un banquero denunció a la policía sus sospechas por las cantidades enormes de dinero que transaban.

Ambos vivían con identidades falsas, pero, el 15 de noviembre de 1984, los capturaron por orden del fiscal especial antidroga, Antonio Jiménez, cuando salían de una casa en la calle del General Oraá de Madrid. La idea inicial era remitirlos a EEUU, para que pudieran ser juzgados por narcotráfico.

Pero nada temían más los capos que ese destino. Por esa razón, movieron sus fichas en Colombia y, con el inmenso poder corruptor de su organización criminal en su país natal, lograron que la Justicia colombiana solicitara en tiempo récord su extradición.

Ahora Popeye señala que no sólo compraron voluntades en la nación sudamericana, sino que entregaron 30 millones de dólares a jueces de la Audiencia Nacional y a miembros del Gobierno español, entonces presidido por Felipe González.

Transportaron el dinero "en el avión privado del patrón", un Lear-Jet 25", afirma Popeye. Una cantidad que, en la actualidad, equivaldría a 300 millones.

"Yo soy un miserable, un bandido, un asesino, por eso estoy en la cárcel. Pero se supone que los de la Audiencia española son gente muy honesta, que el Gobierno español es impoluto. Una decisión de éstas trajo que perros como nosotros acabáramos con este país", asegura.

No sabe cómo repartieron la fuerte suma, porque quien se ocupó de todo fue Diego Londoño White, persona encargada de las relaciones sociales del cartel de Medellín y ya fallecido.

"Sé que eran para la Audiencia Nacional y para el Gobierno, porque se necesitaban de los dos para poderlos extraditar a Colombia, ellos tomaban la decisión. El lobby de EEUU fue brutal, porque ellos los querían allá, y lo ganó el Gobierno colombiano. Gratis no hay nada", asegura Popeye.

"Esa decisión de personas corruptas en España causó miles de muertos en Colombia. Porque, si no regresan y van a EEUU, no existiría la guerra del cartel de Medellín contra el de Cali", agrega.

En cuanto a Miguelito, le mataron porque el terrorista español, que recibió medio millón de dólares del grupo criminal que comandaba Escobar, también prestó, en secreto, sus servicios al cartel rival de Cali.


Salud Hernandez-Periodista

NOTA

Tras la liberación de Ochoa por los ropones españoles se inició una guerra entre éste y Escobar. Miles de bombas y petardos estallaron por todo el país, se presentaron asesinatos de jueces, fiscales, testigos, periodistas etc. Se destaca la muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos, el líder político de la UP Jaime Pardo Leal, tres candidatos a la presidencia de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez, periodistas como el director del Espectador, Guillermo Cano, atentados contra el director de DAS, Miguel Alfredo Maza. Uno de ellos, el Atentado al edificio del DAS con un carro bomba de 500 kilos de dinamita frente a la sede del organismo dejó 70 muertos.

En Medellin se afirmaba que Pablo Escobar pagaba 2 millones de pesos (US$1000) por cada policía que fuera muerto, en consecuencia cayeron entre 300 y 600 agentes del orden, entre ellos el Comandante de Policía de Antioquía, Valdemar Franklin Quintero. El año 1987 pasó a la historia como el año más violento en la historia reciente del país, sólo en Medellín hubo más de 10 homicidios al día; en noviembre de 1989 un avión de Avianca en pleno vuelo explotó cerca de Bogotá 107 víctimas, no hubo sobrevivientes.

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