ETICA no socialista ni Vaticanista

El liberalismo ordena derechos, no valores morales. Prescribe que los individuos y sus propiedades no deben ser objeto de agresión. Nada nos dice, sin embargo, sobre el vicio y la virtud.

Es éste un asunto absolutamente subjetivo, que compete a cada persona en particular. Las gentes tienen ideas diversas acerca de lo que es moralmente correcto y el liberalismo se mantiene neutral entre ellas, no favorece ninguna visión concreta.

A los liberales nos incumbe la vigencia de los derechos individuales, no el que los hombres sean humildes u orgullosos, castos o promiscuos, altruistas o egoístas, trabajadores u holgazanes, homosexuales o heterosexuales, religiosos, agnósticos o ateos.

Cada cuál es libre de acogerse a los patrones morales que quiera y de promoverlos pacíficamente en la medida que estime oportuno.

Luego la moral no es materia legislable; es de todo punto ilegítimo que los burócratas impongan a la sociedad su particular concepción de la vida recta.

¿Significa eso que los liberales somos amorales, que despreciamos la moral? Todo lo contrario, somos sus principales valedores, pues entendemos que la moral sólo puede cultivarse en libertad. Pensar que la virtud se impone por decreto es aberrante. La moral se vacía de significado si no hay libertad de elección, entre otras cosas porque hacer el bien por obligación no supone mérito alguno.

La familia es una institución social privada y en cuanto tal debe verse libre de interferencias por parte del Estado. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y principios morales.

La inculcación de valores por parte del Estado, a través del sistema de enseñanza público, por ejemplo, es una intromisión inaceptable en la esfera privada de la familia.

La sociedad la conforman individuos, y corresponde a estos individuos decidir libremente si quieren emprender o no actividades reproductoras. En consecuencia los liberales se oponen a los intentos de esterilización forzosa, promoción y subsidio público del aborto y otras medidas estatales encaminadas a influir y coartar la voluntad de individuos y familias.

Por otro lado, la prosperidad no es una tarta dada que se reparta entre la población de modo que si ésta crece toca menos a cada uno. La tarta se expande continuamente, creándose de la nada, nuevas oportunidades de ganancia son descubiertas y aprovechadas, y una mayor población viene a intensificar la división del trabajo que hace posible el progreso.



El suicidio es un acto que no atenta contra la vida y la propiedad de terceros, y que por tanto no viola los derechos de nadie. Es por supuesto legítimo intentar evitar que alguien se suicide empleando medios persuasivos, pero no hay cabida aquí para el uso de la fuerza por parte de otros individuos o del Estado. La vida es un derecho, no una obligación a la que el individuo tenga que someterse sea cual sea su voluntad.

El problema de fumar en una “propiedad pública” presenta una disyuntiva irresoluble si pretendemos mantener esa fantasiosa “propiedad pública”.

Los adalides del estatismo nunca alcanzaron a entender que si propiedad implica subordinación a los deseos del propietario, una propiedad universal necesariamente presenta conflictos de intereses, que llevarán a que se imponga la visión de una de las múltiples partes en discordia.

De esta manera, si un parque público es propiedad de todos los españoles, ¿cómo decidir si es lícito fumar o no? Se adopte la decisión que se adopte una parte de los españoles verá pisoteados sus derechos sobre lo que, en teoría, es su propiedad. Ante esta evidencia, la única solución es privatizar y que el propietario decida. Pero no se deben de privatizar los parques públicos.

Los detractores de la libertad de armas suelen emplear dos argumentos. El irracional es acusar a sus defensores de nazis y fascistas, cuando fueron éstos los pioneros en la legislación de control de armas que el resto de Europa ha terminado copiando.

El racional es que aumenta el crimen. Pero para apoyar esa tesis siempre recurren ejemplos donde es o parece verdad (Estados Unidos) mientras ocultan aquellos donde ciertamente es falsa (Suiza).

La legislación anti-drogas ha creado más irresponsables mientras que, por ejemplo, el consumo libre de alcohol en España ha permitido ir creando un control individual mayor ya que en ausencia de control estatal, es la sociedad la que excluye y discrimina a quienes abusan de ciertas conductas que se consideran mal vistas. Este control es mucho más efectivo que la mera prohibición.

Los valedores de la inmigración libre arguyen que las fronteras son construcciones artificiales y que los individuos tienen derecho a ir de un país a otro del mismo modo que tienen derecho a ir de un pueblo a otro. Si bien admiten que una inmigración masiva podría suponer una pesada carga para los contribuyentes y que quizás se colapsarían los servicios sociales, esto no sería una razón para restringir la libertad de movimientos sino para desmantelar el Estado del Bienestar. Por otro lado, en término utilitaristas, la libertad de inmigración favorecería el desarrollo económico al extender la división del trabajo.

Los partidarios de la inmigración restrictiva, en cambio, sostienen que si toda la propiedad fuera privada los individuos no podrían entrar en suelo ajeno sin el consentimiento del propietario.

En consecuencia, en un contexto en el que buena parte de la propiedad es pública y presumiblemente la mayoría de la población es contraria a la inmigración masiva y culturalmente disímil, el Estado debiera comportarse como lo harían los ciudadanos en caso de ser propietarios, restringiendo la entrada de extranjeros con algún mecanismo de selección.

Además, no basta con atender a los beneficios de una mayor división del trabajo, también habría que ponderar los efectos negativos que una política de libre inmigración tendría sobre una sociedad que desea ser culturalmente homogénea.

Si las mujeres recibieran sueldos más bajos que los hombres y fueran igual de productivas, los empresarios ávidos de beneficios contratarían mujeres en lugar de hombres (obteniendo igual productividad a un coste menor), hasta que la demanda de mujeres elevara sus salarios y se igualaran a los de los hombres.

En el mercado libre los salarios tienden a equipararse a la productividad marginal. Por ello la liberalización es el mejor antídoto contra la discriminación laboral de las mujeres (y de cualquier otro colectivo), pues aquellas que reciban un salario inferior a su productividad por motivos sexistas probablemente serán contratadas por empresarios que tengan más afán de lucro que ansias discriminatorias.

Tellagorri

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