Divagaciones dos

A primera vista, un conservador es alguien que quiere mantener el orden social, político, económico o moral vigente en un momento histórico determinado y, en consecuencia, rechaza los cambios por su desconfianza hacia nuevas formas de ordenar la vida en sociedad.
Por el contrario, un liberal es alguien que constata y acepta la existencia de un orden natural, en virtud del cual las cosas que afectan al ser humano son dispuestas de una determinada manera y no de otra. En consecuencia, el liberal luchará contra la imposición de normas de ingeniería social que subviertan este orden espontáneo por el que las sociedades se vienen rigiendo desde los comienzos de la civilización, y gracias al cual la humanidad ha venido experimentando un desarrollo constante.

El conservadurismo apenas es una ideología. Es algo más pequeño y más grande que eso. Es un apego a la sociedad tradicional y es un conjunto de saberes sobre el hombre.
El liberalismo, por su parte, es la defensa de la libertad. Parte del individuo, al que confiere una dignidad radical, y en el que reconoce unos derechos personales inviolables.

La persona tiene un ámbito de seguridad frente a la agresión, que se extiende a su propio ser y a todo aquello sobre lo que recaiga su acción, y que se convierte en propiedad. El derecho a la vida y a la propiedad son la base de las relaciones entre personas y por tanto de la sociedad. La libertad es el nombre que se da al respeto de tales derechos, pues consiste en la ausencia de coacción.

Este orden primigenio tiene tres elementos fundamentales que los liberales-conservadores intentarán siempre preservar, pues son los que garantizan la existencia de sociedades libres y prósperas. La familia como célula básica de ordenación social, la propiedad privada como derecho básico imprescindible para el progreso y el libre intercambio de los bienes y servicios producidos como fórmula pacífica y fructífera de ordenar los millones de relaciones sociales.

Es el moderno estado del bienestar la principal amenaza que hoy tienen las sociedades libres; sin embargo, hay una coincidencia generalizada entre conservadores y socialistas sobre la necesidad de su mantenimiento, a pesar de la imposibilidad práctica de sostener semejante dispendio con la actual pirámide demográfica. No lo apoyan los liberales.La diferencia entre liberales y conservadores en esto es sustancial.

El sistema público de pensiones, la sanidad y la educación estatales de carácter obligatorio o los miles de grupos organizados que depredan el presupuesto público a través del monstruoso régimen actual de subvenciones son elementos que amenazan con acabar con aquellos valores que permiten el progreso humano.

El razonamiento socialista es que ya no es necesario que los hijos cuiden de sus padres ancianos, ni que los padres se preocupen de la educación de los niños, porque para eso está el Estado, con sus vastos programas de bienestar.

Las regulaciones estatales invasivas y los impuestos confiscatorios destruyen la propiedad privada, coartan la libertad económica.

El respeto a la privacidad familiar (en donde se incluyen las creencias religiosas, aficiones sexuales y la moralidad o ética personal), la propiedad privada y el libre mercado constituyen la base del liberalismo.
No podría ser de otro modo, dado que el liberalismo, por su propia esencia, no es puramente una ideología, sino la sencilla recopilación de los mecanismos que han demostrado funcionar para promover de la forma más eficiente las relaciones sociales entre los individuos de un grupo humano.

El actual sistema público de pensiones, basado en el principio del reparto, no va a dejar de ser tremendamente injusto porque cambie el señor ministro del ramo o el propio gobierno. Se trata de un sistema insolidario, injusto, dañino y empobrecedor que no admite más medidas que su progresiva sustitución por otro que permita a los trabajadores capitalizar el fruto de su esfuerzo y emplearlo al final de su vida laboral como mejor estimen.

Exactamente lo mismo puede decirse de cualquier subvención. No se trata de sustituir un fin malo por uno bueno, según cada particular criterio; es que la vileza de los métodos empleados para la obtención de las mismas exige su abolición inmediata, algo que, además, aliviaría de forma espectacular la penuria de fondos de la administración, y que necesita para realizar labores básicas.

Los políticos de España con un perfil "gallardonista" defienden el llamado estado del bienestar con el mismo fervor que las formaciones socialistas. La única diferencia es que aquellos afirman que utilizarán esa fuerza coactiva para acabar con cuestiones que consideran nocivas, como la vagancia subsidiada, el abuso de las drogas, una educación depauperada, la desprotección económica de las familias o unas pensiones públicas de miseria. Y es porque buscan con ahínco alcanzar cuotas cada vez mayores de poder para imponer sus normas morales a toda la sociedad, tal como lo hacen los socialistas. Aquí, entre aquellos, siempre hay de por medio algún prelado clerical aconsejando.

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