Independizarse más barato que beber

¿Por qué un representante de la Administración del Estado se permite un desafío que no se comprendería en ningún otro lugar del mundo jurídica y políticamente civilizado?
Sencillamente porque puede. Puede cualquier dirigente desde cualquier autonomía. Y porque la realidad que nadie menciona es que el sistema democrático de la España constitucional no dispone de los instrumentos legales de defensa efectiva necesarios para impedir que la desobediencia a los tribunales le salga baratísima, casi gratis, al funcionario que la cometa.

El castigo que el Código Penal reformado en 1995, el llamado "Código Penal de la democracia", reserva a las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen a dar cumplimiento a una resolución judicial es el de una simple multa y una inhabilitación para empleo o cargo público que duraría de seis meses a dos años.

¿Quién, con una política de inmersión lingüística que tiene como estrategia consolidada la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, se echaría para atrás ante semejante sanción coactiva?

¿Quién no estaría dispuesto a pagar gustosísimo ese ridículo precio, que quedaría por otra parte compensado por el rédito político que una posición de rebelde por la patria reportaría al sancionado?

Es evidente que el señor Mas lo tiene muy fácil.

De lo que se trata ahora mismo es de que no es admisible que en un país homologado con las democracias occidentales los altos representantes de la Administración se puedan pasar por debajo de la pierna las sentencias de los tribunales.

Por eso, porque la cruda verdad es que el sistema constitucional español no dispone de ninguna respuesta auténticamente firme y eficaz de defensa y aseguramiento del principio de división de poderes, es por lo que, cuando se pregunta una y otra vez qué pasará si finalmente la Generalitat no obedece al Supremo, se hace el silencio.

Nunca nadie ha dicho con qué medidas se podrá responder cuando lleguemos a ese punto crítico de desobediencia abierta, punto que el TSJC ha decidido aplazar, pero que llegará a plantearse inexorablemente dentro de unos meses. Y nadie lo ha dicho porque no las hay. O, para no exagerar, lo que hay es eso: la multa y la brevísima inhabilitación.

Mucho mayor castigo está reservado para el particular que desobedece gravemente a una autoridad: hasta un año de prisión. Ésta es la realidad que resulta no sólo demoledora para el normal funcionamiento en un Estado de Derecho, sino directamente incitadora de los comportamientos retadores a lo que estamos asistiendo en los últimos años.

Pero es que la España constitucional tampoco tiene respuesta ni mecanismos de defensa para un supuesto del asunto de la independencia, formulado públicamente por el propio Artur Mas como un deseo que, de momento, sólo ha traducido acudiendo a votar a favor de la independencia catalana en una de las urnas montadas al efecto con el beneplácito de la propia Generalitat.

Es decir, que si un día los diputados del Parlament de Cataluña, o del País Vasco, o de cualquier comunidad autónoma aprueban por mayoría suficiente la secesión de España, no pasará nada porque, a menos que medie violencia, no hay prevista para eso ninguna sanción penal.

Ni tampoco la hay para quien convoque un referéndum para ratificar esa secesión. La hubo en 2003, pero se derogó en 2005.

Comparar no es ofender, así que comparemos lo que le supondría a un diputado autonómico votar en su Parlamento la secesión de España y lo que le costaría el que, por haberlo celebrado con varias copas de más, fuera detenido por superar con mucho los límites de alcoholemia y, encima, por exceso de velocidad. Pena de cárcel, desde luego. Pero por delito contra la seguridad vial.

Por atentar contra la seguridad constitucional, nada.

Esto es lo que hay.

Tellagorri

NOTA DEL BLOGUERO : Qué tipo de novelas de ficción leen los peperos para vivir en esa nube de ignorancias sobre el Estado español?

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