Garzón como puta por carretera

Quiere ser una suerte de fantasma en Colombia. Tanto es así que pocos se enteraron de que aterrizó en Bogotá el suspendido juez Baltasar Garzón.

¿Que ya lleva varias semanas en este país?", pregunta incrédulo Francisco Santos, ex vicepresidente del Gobierno y director del informativo matinal de RCN Radio.

"Con lo que le gustan las cámaras es increíble lo discreto que está". Y es que el nuevo asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) debe morderse la lengua y escabullirse de las cámaras para cumplir la petición que le hiciera el mismísimo presidente colombiano Juan Manuel Santos.

El juez, que acaba de ser mencionado una vez más en el entramado del caso Faisán (con Garzón no hay problema, dijo un comisario implicado), llegó solo a Bogotá a mediados de junio.

Reside en Rosales, un exclusivo barrio, en un edificio cercano a la residencia del embajador norteamericano (una zona nada barata en una ciudad que acaba de ser nombrada la sexta más cara de Latinoamérica, por encima de Los Angeles). Trabaja a pocos minutos de su casa, en un bonito chalé del norte de la capital, donde está la nueva sede de la OEA. A ella llega en coche blindado, rodeado de una importante escolta policial, digna de un mandatario.

En su despacho, que pisa poco porque sólo permanece 20 días en Colombia al mes y viajará, además, bastante por el país, deberá elaborar el informe que presentará a final del periodo fijado en su contrato de asesoría, de un año de duración. En él figurarán sus conclusiones sobre el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, que para entonces habrá cumplido siete años. En el 2004 comenzó el complejo proceso de desmovilización de las sanguinarias AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), que firmó y puso en marcha con bastantes tropiezos el gobierno de Álvaro Uribe, pero que aún está en sus primeras fases.

Pluriempleado, pasaría a recibir varios sueldos a la vez: 1.800 euros mensuales como juez de la Audiencia (aún estando suspendido), otros 9.000 mensuales tras su nombramiento como colaborador externo en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya, más el salario de su puesto en Colombia, una cifra aún por conocerse pero apetitosa.

Sin mencionar que sigue dando conferencias por más de 10.000 euros.

Pasar desapercibido es la consigna. El actual mandatario colombiano no quiere molestar a su antecesor, Álvaro Uribe, que ve con muy malos ojos a quien fuera juez estrella y un crítico implacable de su controvertida gestión.

No hay que olvidar que Santos gobierna con los votos de Uribe aunque haya impuesto su propio estilo y se aleje cada vez más de él. Tampoco quiere el presidente de los colombianos atizar las iras de otro sinnúmero de voces críticas que rechazaron la venida del español, como el Procurador General de la Nación y ex magistrado del Consejo de Estado, Alejandro Ordóñez.

"Es innecesaria su presencia, no aporta nada para el fortalecimiento institucional, todo lo contrario". "Fue suspendido, se le acusa de varios delitos, uno de ellos, el de ser chuzador (pinchador) de abogados en el ejercicio de la profesión. Hay una carga negativa en la presencia de Garzón, yo eso se lo planteé al presidente en su momento. Y no sólo es mi concepto. En la misma Fiscalía, muchos sectores judiciales han considerado que no es afortunada la contratación", añade Ordóñez. Así, no le extraña el bajo perfil que emplea Garzón, alejado de su comportamiento habitual:

"Parece que recibió el mensaje, casi nadie se ha dado cuenta de que está en Colombia", dice.

Más crítica ha sido la prensa que ha soltado un dato desconocido por los españoles. Su hijo, Baltasar Garzón Molina, ha trabajado con los indígenas del país.

"Lo traemos a Colombia donde obviamente levantará los mismos expedientes que ha tratado de levantar su hijo apoyando a las FARC en el departamento del Cauca... El hijo de Garzón ha pasado larguísimas temporadas en Colombia empujando a los indígenas del Cauca a una guerra en asocio con las FARC. ¡Ese es el asesor que traemos!", dijo al aire en su programa de radio, La Hora de la Verdad.

Garzón Molina estuvo trabajando en el Movimiento Juvenil Álvaro Uncúe de la Acin (Asociación de Cabildos del norte), en Toribío, departamento del Cauca, hace unos cuatro años.

Intentan que la prensa no conozca los actos a los que asiste. Ante un cuestionario sobre la cuantía de sus ingresos, sus incompatibilidades y responsabilidades en la nueva tarea, entre otras cuestiones relativas al trabajo de quien no deja de ser un empleado público, pagado con dinero público, responden: "Son temas de su vida privada". Una cosa está confirmada: el monto de su salario lo conoce el Gobierno español y no lo quiere decir.

Pese a la mala fama, a sus poderosos amigos y a su interés personal, no fue fácil para el ex juez de la Audiencia Nacional conseguir el trabajo en Colombia. Y no por falta de ganas de los gobiernos de Santos y de ZP, ni de su íntimo amigo Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional, que ya le dio una asesoría en La Haya cuando fue suspendido de sus funciones y que nunca cejó en su empeño de dejarle colocado otra vez.

La fuerte controversia que originó en Colombia el anuncio de que el Ejecutivo lo contrataría como asesor, que sorprendió a todos los que pensaban que la suya es una figura intocable, obligó a emprender una ruta diferente para alcanzar el mismo fin. Porque lo que ambas administraciones tenían claro es que sería España la que pagaría los gastos y Colombia la que establecería las funciones y buscaría el organismo contratante.

No tardaron mucho en hallar la solución. La encontraron en la MAPP/OEA, que nuestro país financia, junto a otras naciones, desde 2005. El mecanismo para colocar a Garzón sería sencillo puesto que su sueldo quedaría integrado en el presupuesto global del programa.

Su posición no la comparten algunos fiscales y jueces que llevan muchos años tratando de sacar adelante la mencionada iniciativa legislativa, de muy difícil aplicación. Deben sentar en el banquillo de los acusados a más de 2.000 mandos de las AUC, arrancarles la verdad sobre sus atrocidades, hacerles confesar su red de cómplices de todo pelaje y conseguir de paso que entreguen las propiedades y dinero que acumularon sembrado el terror, para reparar a más de 100.000 víctimas.

Y hay magistrados de Justicia y Paz indignados que dicen: en estos años tuvimos aciertos y errores y Garzón viene a pegarse a los aciertos. Otras personas piensan que se apropia de los informes que ya están hechos y les pone su firma.


Su última parada fue Cali, donde se reunió con autoridades locales. La estancia coincidió con el brutal ataque de las Farc el sábado 9 de julio, a la pequeña población indígena de Toribío, donde hirieron a 80 personas y destrozaron más de 500 viviendas. Tampoco se le ha oído ni un comentario de rechazo a tanta brutalidad, en línea, quizá, con su nueva política de labios sellados.

Tellagorri
(con la información de Salud Hernández )

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