EL PUFO VASCO

Dice Mikel Buesa que "El pufo vasco alcanza así una cifra de 2.060 millones de euros, que equivale al 3,4% del PIB regional. En términos per cápita, las Administraciones vascas disponen de 964 euros por cada habitante, lo que les concede una notable holgura financiera para dedicar recursos a las políticas nacionalistas o para ocultar las ineficiencias en que incurren, con creciente intensidad, los servicios públicos de ellas dependientes."

En el caso del País Vasco, el origen de esta peculiar forma de financiación se remonta a la abolición del sistema foral, tras la última guerra carlista, y a la búsqueda de una forma transitoria de integración de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya –en aquella época "provincias exentas", y por tanto exceptuadas del sistema tributario– a la hacienda pública del Estado.

El Real Decreto de 28 de febrero de 1878 reguló por primera vez el Concierto Económico, con la finalidad de que las provincias vascongadas contribuyeran a financiar el Estado "por todos los conceptos y en idéntica proporción que las demás de la Monarquía", de manera que en ellas fuera de aplicación el sistema tributario vigente en el resto de las provincias españolas.

El Concierto se concibió como un sistema provisional, de duración limitada a ocho años, durante los cuales las aludidas provincias se irían integrando en el sistema económico español. De la transitoriedad se pasó a la permanencia gracias a las sucesivas renovaciones del sistema, de manera que éste –incluso tras haber sido derogado para Vizcaya y Guipúzcoa, declaradas "provincias traidoras" en 1937 por Franco– ha subsistido hasta nuestros días.

La Constitución, con el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales, y el estatuto de autonomía del País Vasco lo han consolidado como un derecho inalterable. Se ha llegado incluso a concederle un carácter pactista, de manera que, singularmente tras la Ley 12/2002, con la que el Gobierno de Aznar dio satisfacción a las reivindicaciones nacionalistas, el Concierto ha acabado por ser concebido como un pacto entre iguales.

Así, tanto el Concierto como su especificación en el Cupo, que establece la cuantía de la aportación del País Vasco al sostenimiento del Estado, son el resultado de un genuino proceso de negociación política.

De la Fuente (2005), con datos referidos al promedio del período 1990-1997, ofrece información de la diferencia que arroja el cupo efectivamente pagado y el que resultaría de generalizar el sistema y aplicar una misma metodología para su estimación en todas las comunidades autónomas. Sus cálculos establecen que el cupo vasco es 2,5 veces inferior al que correspondería de acuerdo con un tratamiento homogéneo de todas las regiones.

Ello significa que, de acuerdo con estos cálculos, el País Vasco obtiene del resto de España unos recursos financieros del orden del 4% de su PIB regional.

El cupo vasco no constituye sino la compensación de la Comunidad Autónoma Vasca al Estado por el coste de las competencias no asumidas por aquélla. La metodología seguida para su determinación –que, en su configuración básica, se ha mantenido inalterada desde que fuera definida en la Ley del Concierto Económico de 1981, consiste en una valoración, a partir de los presupuestos del Estado, del coste de las competencias que éste ejerce sin que lo haga el Gobierno vasco.

A partir de esa valoración, en las cargas del Estado se atribuye a la comunidad autónoma un porcentaje de participación en las cargas mediante la aplicación de un índice de imputación que, si bien en el cálculo inicial, correspondiente al año 1981, se fijó implícitamente en el 6,29%, con posterioridad a la Ley del Cupo de 1988 ha quedado establecido en el 6,24.

Pues bien, teniendo en cuenta esta metodología, la Ley del Cupo referida al período 2007-2011 establece el cupo provisional para la primera de esas fechas en 1.565 millones de euros.

Ello es el resultado de una valoración de las competencias estatales que no ejerce la comunidad autónoma equivalente al 45,5% del gasto presupuestado por el Estado en vez de sobre el 100%, lo que da lugar, tras la aplicación de un índice de imputación del 6,24%, a una cifra de 5.351 millones de euros, expresiva del coste de la estatalidad que cabe atribuir al País Vasco, pero se deja en 1.565 millones de euros.

El pufo vasco alcanza así una cifra de 2.060 millones de euros, que equivale al 3,4% del PIB regional.

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