Sólo el peor corporativismo puede explicar que un juez que se ha vendido y ha utilizado la toga para delinquir no entre en prisión. Francisco Javier de Urquía, que fue titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, fue condenado ayer por pedir dinero al ex asesor de Urbanismo de ese municipio Juan Antonio Roca y cobrar 73.800 euros a cambio de dictar un auto para beneficiarle.
Pese a dar por probados los hechos, los compañeros de Urquía en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han acabado aplicándole la condena mínima por el delito de cohecho, que es de dos años de cárcel. No han tenido en cuenta que el fiscal solicitaba que la pena de privación de libertad fuera en este caso de tres años, que sí llevaba implícita la entrada del condenado en prisión.
Estamos ante un delito que repugna especialmente a la ciudadanía, y con razón, porque la Justicia es uno de los pilares de la democracia y una sociedad con jueces corruptos ve socavados sus cimientos. Pero es que además, este caso concreto reúne otros ingredientes particularmente detestables. Se trata de un delito cometido al calor de la corrupción urbanística, que confirma las sospechas de los ciudadanos de que el sector del ladrillo es el gran comprador de voluntades en España.
Además, el juez Urquía utilizó su posición para cercenar un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, ya que el dinero del cohecho lo cobró por impedir a una televisión local emitir en 2006 un programa alusivo a las oscuras actividades de Juan Antonio Roca, curiosamente sólo dos semanas antes de que se destapara la operación Malaya, que descubrió la mayor trama de corrupción urbanística en España.
Por si fuera poco, la sentencia deja entrever que el juez podría haber tenido la tentación de haberse vendido en más ocasiones.
El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de un año de suspensión que el CGPJ impuso en 2004 al juez José Manuel Raposo, a quien se le consideró responsable de una falta grave por enviar una carta amenazante a un inspector de la ITV que puso reparos en dar el visto bueno a su vehículo.
Según consta como hechos probados en el expediente disciplinario que dio lugar a la sanción, Raposo envió una carta amenazante al inspector jefe de la ITV de Coaña (Asturias), en el que le exigía 18.000 euros por los perjuicios sufridos a raíz de la suspensión del examen a su vehículo, un turismo matriculado en 1975 que finalmente obtuvo el visto bueno tres meses después de la primera inspección. En su carta, el juez señalaba que, de no recibir el dinero, "iniciaremos de inmediato toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas contra usted, y estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejará de ser algo agradable", informa Europa Press.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo "no entra a valorar si son ciertos o no los hechos por los que se impuso la sanción", pero estima que la tramitación del expediente excedió el plazo de seis meses previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial. De esta forma, el alto tribunal admite el recurso del juez y la sanción queda anulada.
El incidente del juez con la estación de la ITV se produjo en octubre de 2002. El procedimiento disciplinario se abrió en enero de 2003 y no fue resuelto hasta julio del año siguiente.
Luis Pascual Estevill es el nombre propio de la prevaricación judicial en España. Fue condenado dos veces por este delito. La primera, en 1996, sólo dos años después de que fuese nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (órgano supremo de Disciplina de los Jueces) a propuesta de la CiU de Jordi Pujol, que gobernaba en Cataluña de forma ininterrumpida desde 1980. Estevill utilizó el cargo para urdir tramas que favoreciesen su enriquecimiento personal.
Primero, el Supremo le condenó a seis años de inhabilitación especial por prevaricación y dos detenciones ilegales: cuando era juez de instrucción en Barcelona, admitió a trámite una querella de Banesto contra un grupo de empresarios a los que acusaba de estafa. En la causa aparecían como testigos los empresarios Enrique Marugán y Lorenzo Rosal, a los que Estevill envió a prisión sin que existiese el más mínimo indicio de delito contra ellos.
Aprovechó la ocasión que le brindaba la providencia para vengarse de muchos años de enemistad. No fue hasta que se conoció esta condena cuando Estevill dejó de ser vocal del CGPJ.
En 2001, un segundo proceso terminaba con otra condena a siete años de cárcel, en este caso por un delito fiscal, al defraudar a Hacienda más de 100 millones de pesetas entre 1989 y 1993.
El Supremo resolvió en 2006 la causa más grave contra él y le condenó a nueve años y cuatro meses de cárcel por prevaricación, cohecho, detención ilegal y amenazas condicionales. Durante su etapa como juez de instrucción en Barcelona, Estevill cobró 75 millones de pesetas (450.759 euros) que se ingresaron en una cuenta en Suiza y consiguió que su hija entrase a trabajar en la asesoría jurídica de la Banca March a cambio de mejorar la situación procesal del director para Europa de Carrefour, al que estaba investigando. A cambio del pago de cantidades, ocho empresarios a los que Estevill investigaba pudieron esquivar la prisión.
Cada día trae la Prensa noticias sobre las ventoleras del Juez PEDRAZ y sus anulaciones de prisión a terroristas demostrados, o de todos esos Jueces que ponen en la calle a maridos que dejan a un minuto de la muerte a sus mujeres con apuñalamientos y palizas, pederastas criminales, violadores-asesinos de niños que están sueltos por desidia de jueces (como ese Juez Tirado) y que han asesinado recientemente a más niñas.
¿PARA CUANDO UN TRIBUNAL QUE ELIMINE DE LA CARRERA JUDICIAL A TANTO DELINCUENTE?
Por Tellagorri
Tiene doda la razón hablando del corporativismo en el caso del Juez Urquía. Su padre Faustino Urquía es Magistrado, miembro de Jueces Progresistas, íntimo de Pumpido y Bermejo. Están haciendo todo lo posible para tapar las fechorias de este tipo.
ResponderEliminarUrquía tiene tambien OTRO juicio pendiente por extorsión al hotel Marbella Club.... y varios otros que ya comentaremos. Es el perejil en todas las salsas corruptas de Marbella.
Da asco.